Somos los académicos de este país quienes tenemos la obligación de informar a nuestros egresados y a la comunidad en general, sobre las oportunidades y amenazas que se vislumbren a la luz de los proyectos de ley que tiendan a modificar, ampliar, reducir o restringir los derechos adquiridos. Este proyecto de ley debe ser analizado por los responsables de la formación de las nuevas generaciones, llevarla a nuestros estudiantes y comités y hacer una discusión seria y responsable, que permita hacer llegar al Ministro de Comercio, Industria y Turismo las conveniencias e inconveniencias de este proyecto.
Deseando que las universidades sean participes y responsables en esta propuesta, les solicito muy amablemente hacer sus respectivos criticas y aportes con la debida sustentación.